El 13 de enero de 2004 Esperanza
Aguirre, entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, y Esteban
Parro, alcalde de Móstoles en aquel momento, firmaron un “acuerdo
de colaboración” entre la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de
Móstoles para la implantación de la primera base operativa de las
novedosas Brigadas Especiales de la Comunidad de Madrid” en
Móstoles. Desde aquel momento hasta hoy, las BESCAM han pasado de
ocupar un lugar testimonial en nuestros presupuestos municipales a
convertirse en una de las principales referencias de gasto.
¿Qué son las BESCAM?
Pues aunque resulte sorprendente, ni
siquiera este punto está claro. Según su propia definición serían
unas brigadas (equipos especiales) dentro de la policía local de
cada municipio, pero con uniformes, vehículos, mandos y funciones
diferenciadas. Por si fuera poco, además, se crean con la intención
de dar una imagen de uniformidad policial de toda la Comunidad de
Madrid, con referencia a las policías autonómicas vasca o catalana,
pero sin llegar a serlo ya que el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad no contempla esta figura. Por ello, han sido muchos los
ayuntamientos que han dado usos propios a estos agentes y después
han sido sancionados por ello.
¿Qué funciones tienen las BESCAM?
La cláusula segunda del convenio
original establece que las funciones de estas brigadas serán las
establecidas para la policía municipal por ley (2/1986 de 13 de
marzo) las de las fuerzas de seguridad en general (ley 4/1992 de 8
julio) y “en particular la vigilancia de espacios públicos,
colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad y prevención
de actos delictivos”, pero en el año 2007, una resolución de la
Dirección General de Seguridad especificó a este respecto que en
ningún caso podrán “ser asignados a otros cometidos como son el
cumplimiento de las ordenanzas municipales, así como la regulación,
vigilancia y control del tráfico urbano”.
Es decir, que sus
funciones vienen a ser las de cualquier policía municipal, excepto
en el caso de hacer cumplir las ordenanzas municipales o controlar el
tráfico.
La cláusula séptima dice que las
BESCAM se encuentran bajo la autoridad directa del alcalde de
Móstoles (como cualquier policía local), pero que deberán mantener
una estructura de mando diferenciada a la del resto de los agentes
municipales.
¿Cómo se financia el proyecto
BESCAM?
Al ser parte de las policías
municipales deberían ser los ayuntamientos los que financiasen todos
los gastos de estas brigadas, pero al ser una iniciativa de la
Comunidad de Madrid, ésta se prestó a subvencionar parte del gasto.
La cláusula cuarta del convenio
especifica que la base de las BESCAM de Móstoles se situará en un
edificio aportado por la Comunidad de Madrid, al igual que su gestión
y los gastos de arrendamiento, aunque en el párrafo siguiente el
Ayuntamiento de Móstoles se compromete a hacerse cargo del coste de
las instalaciones así como los gastos derivados de ellas. Es decir,
la Comunidad de Madrid sólo se hace cargo de los gastos durante el
primer año.
La cláusula quinta estipula que “tanto
los recursos mobiliarios como los vehículos y los medios
tecnológicos e informáticos serán aportados por la Comunidad de
Madrid con cargo a los créditos consignados en su presupuesto de
gasto”. Igualmente, se establece que las dotaciones personales
serán compradas por el Ayuntamiento de Móstoles, pero
subvencionadas por la Comunidad de Madrid.
Igualmente, en la cláusula octava se
establece que la Comunidad de Madrid se compromete a financiar las
retribuciones de los efectivos BESCAM en un máximo de 40.000 por
efectivo y año “quedando afectada la cuantía de 34.783€ a la
totalidad de las retribuciones fijas y un 15% de esta cantidad
quedará vinculada a la asignación individualizada a un complemento de productividad por consecución de objetivos, cuantía que incluye
las cotizaciones a la seguridad social. Asimismo la Comunidad se
compromete a revisar dichas retribuciones teniendo en cuenta lo
establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.
El 16 de enero de 2004, se añaden dos modificaciones al convenio
firmado el día 13, estipulando que las retribuciones de BESCAM de
Móstoles serán iguales a las de la policía local del municipio.
La cláusula undécima establece que con excepción de los mandos y
dotaciones materiales, la financiación corre a cargo de la Comunidad
de Madrid, entregándose las subvenciones y anticipos de forma
adelantada al pago, el ayuntamiento de Móstoles deberá justificar
los gastos trimestralmente, haciéndose balance anual en los primeros
tres meses del año.
También se exponía que el alquiler del
helicóptero del que disponía Móstoles en exclusiva y los gastos
del mismo correrían a cargo de la Comunidad de Madrid hasta un
máximo de 500.000€ al año. Aunque no sabemos si llegaron a
superarse, ya que en diciembre del mismo año 2005 en el que fue
presentado, se estrelló en la plaza de toros con Esperanza Aguirre,
Esteban Parro y Mariano Rajoy en su interior.
A este respecto
cabe destacar que el acto de presentación del aparato fue realizado
(y cobrado) por la Trama Gürtel por unos 10.000€ según
denunciaron varios medios de comunicación.
¿Cuántos efectivos tienen las
BESCAM en Móstoles?
La cláusula octava establece que la
dotación total de BESCAM para Móstoles es de 200 unidades, que se
irán incorporando a lo largo de 4 fases entre 2004 y 2007. 60 en
2004, 60 en 2005, 60 en 2006 y 20 en 2007. Por lo tanto, actualmente
el número de efectivos BESCAM en Móstoles es el máximo previsto;
200 agentes con sus vehículos, cuartel, mandos y demás, totalmente
desplegados.
¿Qué ha pasado con el convenio?
Pues, sencillamente, que la Comunidad
de Madrid lo ha incumplido unilateralmente al anunciar en el año
2013 que su aportación para el siguiente año se reduciría en un
50%; lo que en Móstoles implicaba pagar 3,6 millones de euros para
el año 2014. Pago que el gobierno del PP no dudó en defender en el
pleno municipal de diciembre de 2013.
Como se puede observar en el documento
oficial del ayuntamiento; el presupuesto BESCAM pasó de 225.000€
en 2013 a 9.070.170,29 para 2014. Un incremento del 3.931,19% que
debido a la sumisión del alcalde Daniel Ortiz a los caprichos del
gobierno autonómico, fueron aportados por todos y cada uno de los
vecinos y vecinas de Móstoles a costa de subidas de impuestos,
multas y creación de tasas.
Existe una Comisión de Seguimiento del
convenio BESCAM formada por 10 personas, 5 por cada una de las
partes, que debe reunirse cada 6 meses o antes a petición de alguna
de las partes, pero que sepamos, hasta la fecha no se ha planteado la
denuncia del incumplimiento del convenio por parte de la Comunidad en
este órgano.
La misma cláusula señala que el
Ayuntamiento de Móstoles, asume varios compromisos en el tema de
selección de personal entre ellos, a; mantener la misma ratio
policía local/número de habitantes que la existente en la fecha de
la firma del convenio (enero de 2004) excluyendo de ese cómputo a
los integrantes de BESCAM. Desconocemos si el número de agentes se
ha actualizado ante el descenso de población que hemos sufrido entre
2004 (unos 250.000habitantes según el plan general de ordenación
urbana aprobado por el ayuntamiento ese año) y 2015 (unos 205.000
habitantes)
¿Tiene solución esta situación?
Dado el nulo interés que se ha venido
demostrando por parte del gobierno local del PP en defender los
intereses de los mostoleños y mostoleñas, al igual que el
escandaloso desgaste económico que el incumplimiento del convenio
viene provocando sobre todos ellos, parece que la solución más
eficaz sería cancelar el proyecto y reincorporar a los agentes al
cuerpo de policía municipal, recuperando funciones que hoy tienen
vetadas y provocando un ahorro de dinero público más que
considerable.
La cláusula decimoquinta señala la vigencia del
convenio hasta el 31 de diciembre de 2018, prorrogándose
automáticamente por 15 años salvo denuncia de las partes con un año
de antelación, lo cual impone un punto de presión a los partidos
políticos que pretenden presentarse a las elecciones municipales y
autonómicas de mayo de 2015. Igualmente, podrá denunciarse el
convenio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo
por alguna de las partes, teniendo efecto a partir del 1 de enero del
año siguiente a aquel en el que se realice la denuncia. Tenemos el
futuro en nuestras manos.
